Se realizó una nueva reunión de la Mesa de Concertación en la sede del Colegio de Abogados Departamento Judicial Mar del Plata, la que se abocó al tratamiento de dos temas propuestos por el presidente de la Institución, Dr. Fernando Román González:
Al respecto, destacó: “Hace mucho tiempo que estamos hablando de esta crisis y creemos que hay que profundizar ese discurso, para obtener con el resto de los integrantes de la Justicia, un diagnóstico común que enmarque este fenómeno en forma colectiva dado que la Justicia no se resume a la labor del Juez, sino también a la labor de los empleados y también los abogados”. Y agregó: “De esta crisis que nos rodea a todos, debe considerarse que la principal víctima es el ciudadano y desde esa óptica, considerarse que los resultados no son los deseados.” En definitiva, nosotros queremos llamar a un momento de reflexión al resto de los integrantes de la Justicia para que entre todos, y mancomunadamente, podamos tomar algunas decisiones, propias de este departamento judicial y proponer otras a los poderes públicos, para que podamos encontrar un cauce para que el justiciable y el ciudadano que recorren tribunales puedan encontrar una solución acorde a sus intereses”.
Para finalizar, sostuvo la importancia de la Ciudad Judicial: “Por ese motivo nosotros estamos intentando ajustar algunas acciones de los poderes públicos para que se pueda iniciar la construcción de la Ciudad Judicial, tan prometida por quienes tienen la responsabilidad de encararla. En ese plano se avanzó, mucho, pero creemos que ahora estamos transitando nuevamente tiempos de letargo. Estamos en víspera de la sanción de la Ley de cesión definitiva de las tierras, pero se necesita un sustrato o fundamento financiero que no estamos viendo hoy; una decisión propia del Poder Ejecutivo de la Provincia y de la Nación para tornar sustentable esta esencial obra pública”.
Le corresponde al Colegio de Abogados como Persona Jurídica de Derecho Público no Estatal velar por la defensa del estado de derecho, la justicia, el decoro y dignidad de los abogados, principios que están orientados fundamentalmente a garantizar al ciudadano común, el justiciable, el acceso irrestricto al servicio de justicia, obligación del Estado Provincial y Nacional para con todos los habitantes (art. 19 y concord. de la Ley 5177).
Frente a esta situación se presenta como ineludible preguntarnos si los primeros responsables de la administración de justicia, Jueces, funcionarios, empleados del Poder Judicial, de todos los fueros, Civil y Comercial, Familia, Laboral, Penal, etc., y nosotros mismos los abogados, estamos satisfechos con el resultado de esta labor, medida abordada desde la óptica de los prestadores del servicio, los receptores y los abogados.-
Con absoluta sinceridad creemos que todos los sectores involucrados debemos respondernos que NO.
Y si esto puede parecer una exageración, o puede provocar en alguno de los alcanzados resquemor o disidencia, bastaría con preguntarle al hombre común de la calle su opinión sobre la justicia y en su respuesta hallaremos escepticismo, descrédito, decepción y en suma una valoración profundamente negativa que nos debe conmover e impulsarnos a generar los cambios necesarios.
Con pesar leemos encuestas de opinión pública al respecto y observamos que la percepción de confianza hacia este esencial servicio, no alcanza a los dos dígitos, desde hace ya muchos años.
Nuestro compromiso institucional y personal nos obliga a dar a conocer a los miembros de la mesa de concertación y a la población, cuáles son las limitaciones y disfuncionalidades, que sirven de causa o concausa de esta crónica crisis:
Estos tres déficits afectan directamente el derecho de nuestros representados y frustran las legítimas expectativas de los abogados, lesionando la dignidad y el decoro del ejercicio de la abogacía, lo que repercute en el justiciable, en la medida en que se retarda la respuesta a sus reclamos, en muchos casos con negativas consecuencias patrimoniales, con créditos que se actualizan con tasas de interés, que la inflación termina por consumir, y cuyo resultado final se convierte en un premio para el deudor y un castigo para el acreedor legítimo, situación comparable a la afectación que sufre el honorario de los abogados, ya que a mayor tiempo profesional empleado para la resolución de un asunto menor será la retribución por la tarea efectuada.
Debemos asumir que la situación debe ser revertida, en el más breve lapso posible, con las más profundas medidas, y con el compromiso de todos los sectores, redoblando esfuerzos y traduciendo ello en medidas concretas:
Desde los poderes públicos:
Asignando las partidas que demande la construcción del Complejo Judicial, sancionando a la brevedad la ley que determine la transferencia de las tierras en las que se proyecta la obra, y que las mismas pasen del Estado Nacional (ONABE) a la Provincia de Buenos Aires (SCBA), la cual actualmente se encuentra de trámite, con dictamen favorable de comisiones, en la Cámara de Diputados de la Nación.
La SCBA promoviendo los concursos necesarios para que definitivamente se determine el más adecuado proyecto de Complejo Judicial a construirse -tomando en consideración el crecimiento demográfico y de litigiosidad-, cuyo costo ya estaba incluido en el presupuesto 2010.
No obstante ello y hasta tanto se alcance esa solución definitiva, contratando los ámbitos más adecuados para alojar las nuevas dependencias judiciales ya creadas y las que resulte necesario crear.
Acudiendo en la cobertura de los cargos vacantes con la máxima celeridad, para evitar la sobrecarga de responsabilidad y trabajo para los Jueces subrogantes y poniendo en funcionamiento los nuevos órganos judiciales creados para el fuero Laboral, y poniendo en vigencia la conversión de los actuales Tribunales de Familia en Juzgados Unipersonales, y la sala especializada en la Cámara respectiva. Asimismo realizando las gestiones pertinentes ante el Poder Legislativo provincial para el más urgente tratamiento del proyecto de ley presentado por el Sr. Ministro de Justicia, que indica la creación de cuatro nuevos órganos para el Fuero Civil y Comercial.
Dotando de la tecnología necesaria en cada edificio donde funcione la sede de un organismo judicial (computadoras e impresoras) para el mejor y mas adecuado control de los expedientes por parte de los abogados, lo que descongestiona ampliamente las mesas de entradas.
Desde los Magistrados y funcionarios:
Predicando con el ejemplo y asumiendo el rol de liderazgo que les fue asignado para que cada dependencia funcione de la manera más organizada posible, aún frente a las adversidades antes referenciadas.
Promoviendo el compromiso, la responsabilidad, la eficiencia, la capacitación permanente y el buen uso de los recursos disponibles en el desempeño de sus actividades.
Formándose y aplicando sin más demoras, modernos criterios de Administración de Recursos Humanos y Organizacionales que permitan modificar el rol del Juez en el Servicio de Justicia.-
Desde esta Mesa de Concertación, con una labor mancomunada:
Generando un cuerpo que actúe en el ámbito de este Departamento, que permita tener un sistema dinámico y descentralizado, que pueda sugerir acciones a la SCBA.
Reclamando la consideración para ser parte en un proceso de colaboración, para lograr la eficacia del presupuesto administrado por la SCBA; afrontando de esta forma la solución de los problemas evidenciados.
El juramento que prestamos para ejercer la profesión nos impone actuar frente a estas situaciones de hecho que restringen la aplicación del art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece la garantía de acceso irrestricto a la justicia por parte de todos los ciudadanos, como así también a ser protagonistas en la defensa de nuestro ejercicio profesional, conforme lo consagra el Art. 19 de la Ley 5177.
Mar del Plata, Noviembre de 2010.-
Se realizó una nueva reunión de la Mesa de Concertación en la sede del Colegio de Abogados Departamento Judicial Mar del Plata, la que se abocó al tratamiento de dos temas propuestos por el presidente de la Institución, Dr. Fernando Román González:
Al respecto, destacó: “Hace mucho tiempo que estamos hablando de esta crisis y creemos que hay que profundizar ese discurso, para obtener con el resto de los integrantes de la Justicia, un diagnóstico común que enmarque este fenómeno en forma colectiva dado que la Justicia no se resume a la labor del Juez, sino también a la labor de los empleados y también los abogados”. Y agregó: “De esta crisis que nos rodea a todos, debe considerarse que la principal víctima es el ciudadano y desde esa óptica, considerarse que los resultados no son los deseados.” En definitiva, nosotros queremos llamar a un momento de reflexión al resto de los integrantes de la Justicia para que entre todos, y mancomunadamente, podamos tomar algunas decisiones, propias de este departamento judicial y proponer otras a los poderes públicos, para que podamos encontrar un cauce para que el justiciable y el ciudadano que recorren tribunales puedan encontrar una solución acorde a sus intereses”.
Para finalizar, sostuvo la importancia de la Ciudad Judicial: “Por ese motivo nosotros estamos intentando ajustar algunas acciones de los poderes públicos para que se pueda iniciar la construcción de la Ciudad Judicial, tan prometida por quienes tienen la responsabilidad de encararla. En ese plano se avanzó, mucho, pero creemos que ahora estamos transitando nuevamente tiempos de letargo. Estamos en víspera de la sanción de la Ley de cesión definitiva de las tierras, pero se necesita un sustrato o fundamento financiero que no estamos viendo hoy; una decisión propia del Poder Ejecutivo de la Provincia y de la Nación para tornar sustentable esta esencial obra pública”.
Le corresponde al Colegio de Abogados como Persona Jurídica de Derecho Público no Estatal velar por la defensa del estado de derecho, la justicia, el decoro y dignidad de los abogados, principios que están orientados fundamentalmente a garantizar al ciudadano común, el justiciable, el acceso irrestricto al servicio de justicia, obligación del Estado Provincial y Nacional para con todos los habitantes (art. 19 y concord. de la Ley 5177).
Frente a esta situación se presenta como ineludible preguntarnos si los primeros responsables de la administración de justicia, Jueces, funcionarios, empleados del Poder Judicial, de todos los fueros, Civil y Comercial, Familia, Laboral, Penal, etc., y nosotros mismos los abogados, estamos satisfechos con el resultado de esta labor, medida abordada desde la óptica de los prestadores del servicio, los receptores y los abogados.-
Con absoluta sinceridad creemos que todos los sectores involucrados debemos respondernos que NO.
Y si esto puede parecer una exageración, o puede provocar en alguno de los alcanzados resquemor o disidencia, bastaría con preguntarle al hombre común de la calle su opinión sobre la justicia y en su respuesta hallaremos escepticismo, descrédito, decepción y en suma una valoración profundamente negativa que nos debe conmover e impulsarnos a generar los cambios necesarios.
Con pesar leemos encuestas de opinión pública al respecto y observamos que la percepción de confianza hacia este esencial servicio, no alcanza a los dos dígitos, desde hace ya muchos años.
Nuestro compromiso institucional y personal nos obliga a dar a conocer a los miembros de la mesa de concertación y a la población, cuáles son las limitaciones y disfuncionalidades, que sirven de causa o concausa de esta crónica crisis:
Estos tres déficits afectan directamente el derecho de nuestros representados y frustran las legítimas expectativas de los abogados, lesionando la dignidad y el decoro del ejercicio de la abogacía, lo que repercute en el justiciable, en la medida en que se retarda la respuesta a sus reclamos, en muchos casos con negativas consecuencias patrimoniales, con créditos que se actualizan con tasas de interés, que la inflación termina por consumir, y cuyo resultado final se convierte en un premio para el deudor y un castigo para el acreedor legítimo, situación comparable a la afectación que sufre el honorario de los abogados, ya que a mayor tiempo profesional empleado para la resolución de un asunto menor será la retribución por la tarea efectuada.
Debemos asumir que la situación debe ser revertida, en el más breve lapso posible, con las más profundas medidas, y con el compromiso de todos los sectores, redoblando esfuerzos y traduciendo ello en medidas concretas:
Desde los poderes públicos:
Asignando las partidas que demande la construcción del Complejo Judicial, sancionando a la brevedad la ley que determine la transferencia de las tierras en las que se proyecta la obra, y que las mismas pasen del Estado Nacional (ONABE) a la Provincia de Buenos Aires (SCBA), la cual actualmente se encuentra de trámite, con dictamen favorable de comisiones, en la Cámara de Diputados de la Nación.
La SCBA promoviendo los concursos necesarios para que definitivamente se determine el más adecuado proyecto de Complejo Judicial a construirse -tomando en consideración el crecimiento demográfico y de litigiosidad-, cuyo costo ya estaba incluido en el presupuesto 2010.
No obstante ello y hasta tanto se alcance esa solución definitiva, contratando los ámbitos más adecuados para alojar las nuevas dependencias judiciales ya creadas y las que resulte necesario crear.
Acudiendo en la cobertura de los cargos vacantes con la máxima celeridad, para evitar la sobrecarga de responsabilidad y trabajo para los Jueces subrogantes y poniendo en funcionamiento los nuevos órganos judiciales creados para el fuero Laboral, y poniendo en vigencia la conversión de los actuales Tribunales de Familia en Juzgados Unipersonales, y la sala especializada en la Cámara respectiva. Asimismo realizando las gestiones pertinentes ante el Poder Legislativo provincial para el más urgente tratamiento del proyecto de ley presentado por el Sr. Ministro de Justicia, que indica la creación de cuatro nuevos órganos para el Fuero Civil y Comercial.
Dotando de la tecnología necesaria en cada edificio donde funcione la sede de un organismo judicial (computadoras e impresoras) para el mejor y mas adecuado control de los expedientes por parte de los abogados, lo que descongestiona ampliamente las mesas de entradas.
Desde los Magistrados y funcionarios:
Predicando con el ejemplo y asumiendo el rol de liderazgo que les fue asignado para que cada dependencia funcione de la manera más organizada posible, aún frente a las adversidades antes referenciadas.
Promoviendo el compromiso, la responsabilidad, la eficiencia, la capacitación permanente y el buen uso de los recursos disponibles en el desempeño de sus actividades.
Formándose y aplicando sin más demoras, modernos criterios de Administración de Recursos Humanos y Organizacionales que permitan modificar el rol del Juez en el Servicio de Justicia.-
Desde esta Mesa de Concertación, con una labor mancomunada:
Generando un cuerpo que actúe en el ámbito de este Departamento, que permita tener un sistema dinámico y descentralizado, que pueda sugerir acciones a la SCBA.
Reclamando la consideración para ser parte en un proceso de colaboración, para lograr la eficacia del presupuesto administrado por la SCBA; afrontando de esta forma la solución de los problemas evidenciados.
El juramento que prestamos para ejercer la profesión nos impone actuar frente a estas situaciones de hecho que restringen la aplicación del art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece la garantía de acceso irrestricto a la justicia por parte de todos los ciudadanos, como así también a ser protagonistas en la defensa de nuestro ejercicio profesional, conforme lo consagra el Art. 19 de la Ley 5177.
Mar del Plata, Noviembre de 2010.-