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Los fiscales, dueños de la acción penal, deben estar en los barrios
El presidente del Colegio de Abogados, Fernando Román González, consideró que los fiscales deben trasladarse a los barrios «como mejoramiento en el ejercicio de la administración de justicia». Aclaró, además, que las instituciones pueden sugerir, porque el que tiene que fijar las políticas criminales es el fiscal general.
«Quien tiene que opinar sobre este tema, generar la política criminal y llevar la investigación de los delitos a la gente es el fiscal general (es decir, el doctor Fabián Fernández Garello), por ser el dueño de la acción penal. Nosotros y la Municipalidad, como otras instituciones, podemos realizarle algunas sugerencias. Ese es nuestro papel». De tal forma se manifestó el presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, doctor Fernando Román González, al referirse a la creación de oficinas de la Fiscalía en distintas zonas de la ciudad donde existe una comisaría, de acuerdo con la iniciativa expuesta por el coordinador de Programas de Protección Comunitaria de la comuna, doctor César Ventimiglia.
González -que también es vicepresidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires- hizo la salvedad de que «seguramente, el fiscal general debe tener en su órbita de análisis esta problemática. El Colegio tiene su diagnóstico de lo que sucede y cuáles resultarían a su entender las líneas de acción para paliar la situación».
«Vemos cómo en nuestra sociedad se rompieron muchos códigos sociales. A partir de las políticas de exclusión y de los bolsones de pobreza que se fueron generando en los noventa (por supuesto que también hay hechos anteriores a esa década que produjeron las mismas consecuencias) no hay progresos en lo que tiene que ver con lo cultural y social, acorde a la evolución económica y tecnológica que se fue originando», añadió.
La ruptura del Contrato Social
«Esta distorsión que viene padeciendo nuestra sociedad provocó generaciones enteras y, fundamentalmente, jóvenes que se manejan con otros códigos. Esta verdadera ruptura del Contrato Social genera diferencias tan notorias entre la población que son difíciles de canalizar desde la institucionalidad», prosiguió el doctor González.
Y ejemplificó: «así, vemos focos cada vez más repetidos de violencia intrafamiliar, entre vecinos y entre grupos sociales, que son situaciones que el mismo sistema no debe soslayar, sino asumir para poderlas corregir. Pero hay veces que los operadores del ámbito penal no lo asumen como una problemática y ello genera una conflictiva en el tejido social. Aquí está el papel fundamental de la Fiscalía General para aplicar líneas de acción que vayan corrigiendo estas distorsiones».
«Consideramos que en este sentido, el fiscal general debe dar directivas a las comisarías y a las fiscalías para que se recepcionen las denuncias de estos hechos de violencia, evitando que la desatención o el no aplicar remedios adecuados a lo que sucede, permitan la impunidad de parte de quienes cometen delitos», siguió.
Delitos no son denunciados
A continuación, González enfatizó que «de este modo, las fiscalías deben profesionalizarse aún más para lograr más eficaces investigaciones y, en consecuencia, resultados. Hoy, las fiscalías están organizadas temáticamente, en una serie de cuestiones que exigen una atención con más conocimiento y experiencia, como son, por ejemplo, las de Delitos Económicos. Mientras el resto de las dependencias del Ministerio Público tendrían que dividirse territorialmente. Así, cada barrio de la ciudad o cada conjunto de éstos contaría con una delegación de la Fiscalía junto con una comisaría. Esto permitiría una mediatez con la problemática de cada lugar de Mar del Plata, que debe analizarse a la luz de las condiciones en que se desarrolla ese sector».
«Dentro de estas fiscalías temáticas -continuó- la de delitos económicos es quizá la que necesite de mayores conocimientos y profesionalismo específico de parte de sus responsables, para poder realizar investigaciones de grupos, muchas veces mafiosos, que están cercanos a otros poderosos grupos económicos y políticos».
«El ciudadano -subrayó- observa con preocupación el acrecentamiento de hechos delictivos y otros menores como hurtos o episodios de violencia que, generalmente, no son denunciados. Entre otros motivos, porque en las comisarías por ahí sin demasiados elementos no se reciben las denuncias, porque no cuentan con recursos materiales y humanos suficientes, porque la persona desiste de hacer las denuncias o porque no puede porque no cuenta con dinero para trasladarse de su barrio a un tribunal o, por una cuestión cultural, no se anima a presentarse en estos lugares».
«Por eso -concluyó- se impone, como mejoramiento en el ejercicio de la administración de justicia que sean los fiscales, los dueños de la acción penal, los que se trasladen a los barrios a recibir las denuncias de la gente, al margen de las comisarías, que son auxiliares de los fiscales».
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El presidente del Colegio de Abogados, Fernando Román González, consideró que los fiscales deben trasladarse a los barrios «como mejoramiento en el ejercicio de la administración de justicia». Aclaró, además, que las instituciones pueden sugerir, porque el que tiene que fijar las políticas criminales es el fiscal general.
«Quien tiene que opinar sobre este tema, generar la política criminal y llevar la investigación de los delitos a la gente es el fiscal general (es decir, el doctor Fabián Fernández Garello), por ser el dueño de la acción penal. Nosotros y la Municipalidad, como otras instituciones, podemos realizarle algunas sugerencias. Ese es nuestro papel». De tal forma se manifestó el presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, doctor Fernando Román González, al referirse a la creación de oficinas de la Fiscalía en distintas zonas de la ciudad donde existe una comisaría, de acuerdo con la iniciativa expuesta por el coordinador de Programas de Protección Comunitaria de la comuna, doctor César Ventimiglia.
González -que también es vicepresidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires- hizo la salvedad de que «seguramente, el fiscal general debe tener en su órbita de análisis esta problemática. El Colegio tiene su diagnóstico de lo que sucede y cuáles resultarían a su entender las líneas de acción para paliar la situación».
«Vemos cómo en nuestra sociedad se rompieron muchos códigos sociales. A partir de las políticas de exclusión y de los bolsones de pobreza que se fueron generando en los noventa (por supuesto que también hay hechos anteriores a esa década que produjeron las mismas consecuencias) no hay progresos en lo que tiene que ver con lo cultural y social, acorde a la evolución económica y tecnológica que se fue originando», añadió.
La ruptura del Contrato Social
«Esta distorsión que viene padeciendo nuestra sociedad provocó generaciones enteras y, fundamentalmente, jóvenes que se manejan con otros códigos. Esta verdadera ruptura del Contrato Social genera diferencias tan notorias entre la población que son difíciles de canalizar desde la institucionalidad», prosiguió el doctor González.
Y ejemplificó: «así, vemos focos cada vez más repetidos de violencia intrafamiliar, entre vecinos y entre grupos sociales, que son situaciones que el mismo sistema no debe soslayar, sino asumir para poderlas corregir. Pero hay veces que los operadores del ámbito penal no lo asumen como una problemática y ello genera una conflictiva en el tejido social. Aquí está el papel fundamental de la Fiscalía General para aplicar líneas de acción que vayan corrigiendo estas distorsiones».
«Consideramos que en este sentido, el fiscal general debe dar directivas a las comisarías y a las fiscalías para que se recepcionen las denuncias de estos hechos de violencia, evitando que la desatención o el no aplicar remedios adecuados a lo que sucede, permitan la impunidad de parte de quienes cometen delitos», siguió.
Delitos no son denunciados
A continuación, González enfatizó que «de este modo, las fiscalías deben profesionalizarse aún más para lograr más eficaces investigaciones y, en consecuencia, resultados. Hoy, las fiscalías están organizadas temáticamente, en una serie de cuestiones que exigen una atención con más conocimiento y experiencia, como son, por ejemplo, las de Delitos Económicos. Mientras el resto de las dependencias del Ministerio Público tendrían que dividirse territorialmente. Así, cada barrio de la ciudad o cada conjunto de éstos contaría con una delegación de la Fiscalía junto con una comisaría. Esto permitiría una mediatez con la problemática de cada lugar de Mar del Plata, que debe analizarse a la luz de las condiciones en que se desarrolla ese sector».
«Dentro de estas fiscalías temáticas -continuó- la de delitos económicos es quizá la que necesite de mayores conocimientos y profesionalismo específico de parte de sus responsables, para poder realizar investigaciones de grupos, muchas veces mafiosos, que están cercanos a otros poderosos grupos económicos y políticos».
«El ciudadano -subrayó- observa con preocupación el acrecentamiento de hechos delictivos y otros menores como hurtos o episodios de violencia que, generalmente, no son denunciados. Entre otros motivos, porque en las comisarías por ahí sin demasiados elementos no se reciben las denuncias, porque no cuentan con recursos materiales y humanos suficientes, porque la persona desiste de hacer las denuncias o porque no puede porque no cuenta con dinero para trasladarse de su barrio a un tribunal o, por una cuestión cultural, no se anima a presentarse en estos lugares».
«Por eso -concluyó- se impone, como mejoramiento en el ejercicio de la administración de justicia que sean los fiscales, los dueños de la acción penal, los que se trasladen a los barrios a recibir las denuncias de la gente, al margen de las comisarías, que son auxiliares de los fiscales».