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COMUNICADO INSTITUCIONAL
El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata manifiesta su preocupación y rechazo ante el proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia que sería aprobado próximamente y por medio del cual se autoriza “la determinación notarial de herederos” de aquellas personas fallecidas con motivo de la pandemia del COVID-19, mientras se encuentre vigente la “emergencia pública” declarada por ley 27.541, modificada por DNU Nº 260/20.
Consideramos que tal normativa afecta flagrantemente el orden constitucional, toda vez que el proceso sucesorio es un acto jurisdiccional, reservado a los magistrados, y otorgar ese poder a los escribanos, como pretende el citado proyecto, es un acto contrario al Estado Derecho, que como Institución debemos denunciar conforme lo establece el artículo 19 inc. 9 de la ley 5177.
Vemos tristemente como el notariado, ahora enarbolando descarada, infundada e innecesariamente la bandera de la pandemia del COVID19, pretende nuevamente avasallar derechos y garantías constitucionales, afectar nuestras incumbencias profesionales y entrometerse en funciones que son potestad de otros poderes del Estado.
Exhortamos a las autoridades políticas a dictar las medidas que estime pertinentes, pero siempre en el marco de las previsiones de nuestra Carta Magna.
Mesa Directiva CAMDP
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El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata manifiesta su preocupación y rechazo ante el proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia que sería aprobado próximamente y por medio del cual se autoriza “la determinación notarial de herederos” de aquellas personas fallecidas con motivo de la pandemia del COVID-19, mientras se encuentre vigente la “emergencia pública” declarada por ley 27.541, modificada por DNU Nº 260/20.
Consideramos que tal normativa afecta flagrantemente el orden constitucional, toda vez que el proceso sucesorio es un acto jurisdiccional, reservado a los magistrados, y otorgar ese poder a los escribanos, como pretende el citado proyecto, es un acto contrario al Estado Derecho, que como Institución debemos denunciar conforme lo establece el artículo 19 inc. 9 de la ley 5177.
Vemos tristemente como el notariado, ahora enarbolando descarada, infundada e innecesariamente la bandera de la pandemia del COVID19, pretende nuevamente avasallar derechos y garantías constitucionales, afectar nuestras incumbencias profesionales y entrometerse en funciones que son potestad de otros poderes del Estado.
Exhortamos a las autoridades políticas a dictar las medidas que estime pertinentes, pero siempre en el marco de las previsiones de nuestra Carta Magna.
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