Comunicado Institucional
El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata ante la publicación efectuada por la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo en donde se cuestiona la judicialización que se está dando en esa materia, en ejercicio de las facultades establecidas en los arts. 19 inc. 4 y 42 inc. 4 y 5 de la Ley 5177 manifiesta su más enérgico rechazo a los comunicados que se han emitido por esa entidad en distintos medios de gráficos, ya que configuran un desmedro y desacreditación a nuestra profesión, al realizarse comparaciones ofensivas al colectivo de abogados, quienes no hacen más que ejercer fiel y responsablemente su labor en defensa de los derechos de sus representados.
Específicamente rechazamos el uso de la expresión “caranchos” para referirse a abogados y por sobre todo rechazamos la culpa que se nos endilga respecto de supuestos malos usos del sistema.
Debe quedar claro que no somos los letrados quienes vulneramos los derechos de los trabajadores accidentados. Por el contrario, somos los abogados quienes asesoramos a los trabajadores para que puedan ejercer su derecho a una reparación plena y al acceso irrestricto de las prestaciones que por Ley especial y por la Constitución les corresponden.
No es la primera vez que organismos financiados por las ART nos atacan a los abogados. Tampoco es la primera vez que lo hacen apelando a situaciones inexistentes.
Asimismo, de manera alguna podemos admitir que se confunda el ejercicio del Derecho de Defensa en Juicio con una industria de procesos, y entendemos que en su caso, para encontrar respuesta a la excesiva judicialización, debería revisarse pormenorizadamente la aplicación de la normativa vigente y los servicios que prestan las aseguradoras de riesgos del trabajo, quienes al no responder a los justos reclamos de los trabajadores en la instancia administrativa, les obligan a recurrir a la justicia para lograr la justa recomposición de sus derechos.
Por último, este Colegio de Abogados ratifica la trascendental importancia de la abogacía en el sostenimiento del Estado de Derecho, en el convencimiento que el valor justicia es la única herramienta válida para la defensa de los derechos y garantías de todo ciudadano y que les son constitucionalmente reconocidas.
Mar del Plata, 11 de noviembre de 2015.-