Cuando se promueve ante la justicia ordinaria la ejecución de un laudo arbitral, corresponde abonar en concepto de tasa de justicia, el 50% de la establecida en el art. 38 inc. «a» de la ley 12.233 («Balbazoni Rolando c/ Guardiola Leonor s/ Ejecución de lau arbitral», del 15/8/2000).- (CC1º, sala II, exp. 139.846 (Reg. 1110 (R) F° 3003/05), Octubre 25 de 2007, Incicco Juan C. c/ Varela Leandro s/ ejecución de laudo arbitral, Mag. Votantes: Zampini-Monterisi).-
El derecho de defensa en juicio solo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las leyes de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el derecho análogo de los demas litigantes y con el interés social de obtener garantía eficaz, no suponiendo, por otra parte, la exigencia de una doble instancia (SCBA, Ac. 78.703 I, del 30-8-2000, en autos «Sampayo Marcela c/ Editora Carpetas de Derecho SA s/ Despido s/ Recurso de Queja)» (C, sala 2º MP, exp. 129.492 del 8-6-2004; Zampini.Dalmasso.Oteriño)
Contra la resolución del T.A. que desestima el planteo de incompetencia formulado por la demandada, ésta apela, y contra la denegatoria de la apelación interpuesta, con funamento en el art. 47 del R.T.A. que solo admite el planteo de nulidad del laudo arbitral, se interpone recurso de queja. Sostuvo la Cámara que se debe recurrir a las normas sobre proceso arbitral contanidas en los arts. 774 a 810 del C.P.C. Los recursos indicados solo se refieren a la «resolución final» de la contienda y no a las interlocutorias previas (Morello y otros, «CODIGOS..», tomo IX-B pag. 20). Siendo ello asi, la resolución copiadas a fs. 14/16 mediante la cual rechazándose una excepción articulada por el hoy recurrente, se determina la competencia del T.A.C.A.M.D.P., no reviste la calidad de «resolución definitiva», deviniendo irrecurrible por aplicación del art. 796 edl C.P.C.- (CC, sala 1° MP, exp. 121.137 del 2-7-2002).-
Es por ello que dada la categorica directiva legal y la distinta jerarquí de las normas en juego (arts. 31, 121 a 123 de la Constitución Nacional y art. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), este Tribunal estima correcto que se la justicia arbitral la sede receptora del recurso autorizado el que, interpuesto ante esta Alzada, debe ser allí remitido a los fines de que el Tribunal Arbitral efectúe el análisis de admisibilidad del mismo sin perjuicio del control de oficio que realice esta Cámara con posterioridad (conf. Suprema Corte, LL, 75-527 y JA 1954-III-158) (CC, sala 1º, MP, exp. 136.064 del 8-6-2006).-
Cabe recordar que los árbitros, así como los jueces, no se encuentran obligados a merituar toda la prueba producida, sino aquélla que estimen conducente para la solución del litigio, conforme las reglas de la sana crítica (doct. art. 384 CPC). Esta facultad en la selección del material probatoria, consistente, en definitiva, en dar preeminencia a unas pruebas respecto de otras, no puede constituñir por sí sola motivo de agravio; siendo necesario demostrar que en tal selección medió un error grave y manifiesto (art. 384 CPC.; SCBA Ac. 48970 S 20/04/93; Ac. 56485 S 18/10/94; Ac 60143 S 31/03/98, entre otros). No se advierte que el Tribunal haya incurrido en este tipo de error en la aperciación de la prueba, desde que optó por considerar los elementos de convicción que consideraron más relevantes para la decisión de la causa, frente a los cuales, otros -como aquéllos a los que echa mano la nulidicente-, aparecían como inconsistentes. …no se aprecia, en los términos del artículo 47 del R.T.A., la omisión en el méerito de una prueba esencial. (CCMP, sala I, exp. 136.387, Reg. 397S, 30/10/07).
La impugnación por nulidad no habilita a las partes a solicitar una revisión del laudo en cuanto al fondo de lo decidido, debiendo el juez limitarse a resolver acerca de la existencia o no de las causales susceptibles de afectar su validez, que taxativamente establece el art. 47 del R.T.A.; lo contrario, importaría desnaturalizar la esencia misma del arbitraje, cuál es la renuncia a ser juzgado por órganos estatales. Por ello, únicamente podrá analizarse la omisión de valorar pruebas esenciales por parte de los árbitros, pero no su decisión sobre la relación contractual subyacente con todas sus contingencias (argto. Goyeneche Alberto y Caivano Roque, «El arbitraje en el comercio de granos, JA 1985-II-807). CCC. MDP, SALA I, exp. 136.387, 30/10/2007 R.397S.-
a) La cláusula DECIMO CUARTA del contrato de locación establece la intransferibilidad absoluta «quedando expresamente prohibido a la locataria sublocar el inmueble, o ceder total o parcialmente, a título oneroso o gratuito, los derechos emergentes del presente contrato a terceras personas físicas o jurídicas» (arts.1197 y 1198, código civil). (Exp. N° 1148 – E.Y.SCA c/ P. SRL s/Deslaojo).-
Frente al reclamo dinerario de la parte locadora, la locataria y su fiadora plantean la compensación, con fundamento en la existencia de un depósito de dinero «en garantía» por la suma de 1.600 $ conforme la cláusula 16ta. del contrato.
Ello deberá ser tenido en cuenta y examinado en la oportunidad de la liquidación que deberá practicar la actora, porque para que opere la defensa invocada de compensación, ambos créditos deben ser liquidados y exigibles, y como ha dicho el pretorio …para que la compensación sea viable es menester que el crédito líquidado resulte de documento que traiga aparejada ejecución. El crédito que surge del depósito en garantía efectuado en ocasión de suscribirse el contrato de locación se encuentra condicionado al cumplimiento de las obligaciones que garantiza ese depósito, por lo tanto carece de fuerza ejecutiva, y por lo tanto improcedente la compensación» Ver CC0102 MP 65810 RSI-546-86 I 18-9-86- Calafati, Domingo c/ Silva, Felix y otros s/ Ejecución alquileres- votos de Garcia Medina, De de La Colina y O’neill-CC0102 MP 73876 RSI-355-89 I 16-5-89; ídem in re Stantien, Luis Angel y otro c/ Cash S.A. s/ Ejecución de alquileres, Garcia Medina – de de La Colina Martino CC0102 MP 92271 RSI-886-94 I 29-11-94; igual en Esposito, Cayetano c/ Bertinat, Armando y Berganni, Rosa Ester s/ Ejecución alquileres, Dalmasso Oteriño- Por tal mérito, rechazamos en esta instancia la excepción de compensación planteada por la demandada, con costas a su cargo (art.818 CC; 542 inciso 7 del C.P.C.; art. 16 RTA). (Exp. N° 1154-N., G. E. y ot. c/ A., E. y ot. s/ COBRO DE ALQUILERES).-
El Tribunal tiene la obligación de encuadrar los hechos en el derecho vigente con independencia de la denominación jurídica que las partes le hayan asignado, por lo que habiendo descartado el pago hemos de analizar, insistiendo a nuestra vez en lo expresado a fs. 103 vta., la eventual procedencia de la retención de los canones y su «compensación» con las mejoras que el accionado ha calificado como necesarias , u «obligatorias» en algún pasaje de su respuesta. (Exp. N° 1273 – M, A.M. c/M. J.R. y otro s/ Desalojo)
«Pago» es el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación según la vieja y conocida fórmula contenida en el art.725 del Código Civil, y que para que el pago sea «exacto» y confiera el derecho a obtener la correspondiente liberación (art.505 2do.párrafo Cód.Civil) debe reunir los requisitos de identidad, integridad, localización, puntualidad, disponibilidad, propiedad y ausencia de fraude (Pizarro y Vallespnos Instituciones de derecho civil: Obligaciones: edit. Hammurabi t° 2 página 127 ). (Exp. N° 1273 – M, A.M. c/M. J.R. y otro s/ Desalojo)